En un estado democrático el poder debe concentrarse en las instituciones legítimas facultadas para ejercerlo, es decir, en aquellas que forman parte de su estructura orgánica, como la Presidencia, el Congreso y los cuerpos de impartición de justicia. Sin embargo, en algunas ocasiones cobran forma los poderes fácticos; es decir, aquellos que van ganando autoridad al margen de los cauces formales y que, de hecho, tienen el control en sus manos. Puede tratarse, por ejemplo, de los empresarios que concentran grandes capitales, de las organizaciones criminales (como los carteles del narcotráfico), de la prensa corrupta, de la iglesia (en alguna época anterior) etcétera. A veces crecen tanto que superan los alcances del estado mismo. El mayor riesgo que implican es para la sociedad, pues al no tener un verdadero compromiso político con ella, sólo buscan defender sus intereses grupales con grandes costos para las instituciones y los habitantes. En los últimos años en México han crecido esos poderes. El ejemplo más visible son los carteles de la droga que dominan ciudades y estados enteros mermando la soberanía nacional.
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